Texto tomado de la Jornada de Oriente: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/04/13/puebla/ecl103.php
JAVIER PUGA MARTÍNEZ
La mañana del 16 de agosto de 2005 un empleado de la fábrica Dragón se encontraba en su casa de la colonia Rancho Juanitos de Izúcar de Matamoros; estaba lavando unos tambos que horas antes había sustraído sin autorización de su centro de trabajo para ocuparlos, pero el agua provocó la reacción química de los residuos que había en los contenedores causando una severa intoxicación en el hombre y 15 en personas más.
Esa fue la primera ocasión, al menos documentada, que los habitantes de este municipio ubicado a 70 kilómetros al sur de la capital del estado se dieron cuenta de la peligrosidad de los productos que ahí se emplean, y así lo constataron los más de 300 vecinos que tuvieron que ser evacuados ante el riesgo de una contingencia mayor.
Hoy existe una población que vive en las inmediaciones de la fábrica Dragón Agricultura Nacional que utiliza, como corrales para aves y cerdos, las maderas de las tarimas usadas para transportar miles de plaguicidas, insecticidas y herbicidas, aunque también hay gente que ocupa esa madera como cerca, como leña para fogones y, en el peor de los casos, para construir casas, como sucedió con la vivienda de un trabajador de esta empresa que habita en la colonia Cristo Rey, de la junta auxiliar de La Galarza.
Esta es parte de la nueva información que ya está circulando entre los migrantes izucarenses que viven en Estados Unidos, como parte de la organización de ciudadanos que piden que esta empresa se vaya de esta demarcación.
Dicha información agrega que Dragón constantemente reparte entre las escuelas del municipio de Izúcar de Matamoros tambos vacíos, que en su momento contuvieron agentes químicos de alta peligrosidad para usarlos como botes de basura.
Ese documento sostiene que desde hace 15 años, cuando Agricultura Nacional llegó a instalarse a Izúcar de Matamoros, debió haber contado con el permiso de uso de suelo expedido por el ayuntamiento; con una certificación de aviso de funcionamiento por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, bajo los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana 034–Fito–1995, para funcionar como empresa formuladora de agroquímicos.
De igual forma, la Secretaría de Salud debió haberle expedido una autorización sanitaria, mientras que la delegación local de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debió haber aprobado el estudio de impacto ambiental correspondiente; asimismo, la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Cicoplafest) debió haber extendido a Agricultura Nacional una licencia para permitir la formulación de estos productos.
Por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la empresa debe contar con un certificado de concesión de aguas nacionales para poder operar el pozo que tiene dentro de la fábrica Dragón, así como una autorización para la descarga de aguas residuales.
Paradójicamente, cuestiona el documento, el acuífero que está en el subsuelo de Izúcar de Matamoros está vedado desde hace 40 años, por lo que es inexplicable cómo esta empresa obtuvo una concesión de aguas federales hace tres lustros.
A la fecha, se asegura en la información, se desconoce de la existencia de estos documentos, ya que el pasado 24 de marzo el ayuntamiento de Izúcar de Matamoros reconoció que la planta ni siquiera cuenta con permiso de uso de suelo.
Lo anterior, agrega, obedece a que en el Plan de Desarrollo Urbano de este municipio, que se aprobó en 1995, poco antes de que la fábrica entrara en operación, Dragón quedó asentada a menos de medio kilómetro del límite del área urbana, justo en el paraje conocido como Las Bocas, pues aquí es la entrada de vientos dominantes que entran y salen del valle de Izúcar de Matamoros, lo que contraviene al artículo 145 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente (LGEEPA), ya que se trata de una empresa que libera dioxinas y furanos al medio ambiente.
El documento subraya que, de acuerdo con el artículo 147 bis de la LGEEPA, las empresas “que realicen actividades altamente riesgosas deberán contar con un seguro de riesgo ambiental. Para tal finalidad, la Semarnat, con la aprobación de las secretarías de Gobernación, Economía, Salud y Trabajo conformará un Sistema Nacional de Seguros de Riesgo Ambiental.
La propuesta es que sean los ciudadanos izucarenses quienes exijan a la Cámara de Diputados que los primeros beneficiados de este seguro sean los izucarenses que padezcan una enfermedad, producto de la cercanía con esta empresa o por haber tenido contacto con los contaminantes orgánicos que ha expulsado Dragón durante 15 años.
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